Un grupo de dirigentes sindicales de la Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se manifestó esta mañana en la Casa Presidencial para exigir una investigación sobre la reciente decisión de extender la prestación de servicios médicos a varias cooperativas. Según los sindicalistas, esta medida podría representar un esfuerzo encubierto para privatizar la salud pública y generar ingresos significativos para estas cooperativas, entre ellas la Clínica Bíblica.
Los dirigentes sindicales han planteado serias preocupaciones sobre la aprobación de un contrato de prestación de servicios médicos a cuatro o cinco cooperativas, argumentando que esto podría ser una forma disfrazada de privatización. De acuerdo con los sindicalistas, la extensión del contrato a diez años, en lugar del plazo legal de cuatro años, favorecería a estas cooperativas y podría generar ingresos desproporcionados para ellas. Se estima que la Clínica Bíblica, una de las cooperativas implicadas, podría recibir alrededor de 472 millones de dólares durante el período del contrato.
Críticas Principales:
- Sobreprecios: Los sindicalistas critican un presunto sobreprecio del 65% en los contratos con estas cooperativas, comparado con los costos de servicios prestados directamente por la CCSS.
- Privatización Encubierta: Se argumenta que la contratación de estas cooperativas, que en la práctica funcionan como empresas con fines de lucro, representa un paso hacia la privatización de los servicios de salud pública.
Posición Sindical:
Luis Chavarría, Secretario General de la Unión de Empleados de la Caja, destacó la necesidad de cuestionar y demandar una revisión exhaustiva de estos contratos, alegando que se está sacando provecho de fondos públicos destinados a la salud de los asegurados. Los sindicalistas exigen que el presidente y las autoridades correspondientes investiguen estas irregularidades y tomen las medidas necesarias para proteger la integridad del sistema de salud público.
catos piden una revisión detallada de las decisiones tomadas y la garantía de que los fondos para la salud pública sean utilizados de manera eficiente y equitativa.