Costa Rica ha liderado un esfuerzo clave en la séptima sesión del comité encargado de redactar la Convención Internacional Integral sobre la Lucha contra la Utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con Fines Delictivos de Naciones Unidas.
El país abogó firmemente por la inclusión de la protección de los derechos humanos como un eje principal en la prevención y combate de la ciberdelincuencia.
El magistrado de la Sala de Casación Penal y rector de Justicia Restaurativa del Poder Judicial, Gerardo Alfaro, encabezó este esfuerzo, respaldado por la delegación nacional, que incluía al fiscal adjunto Juan Carlos Cubillo y diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC).
Durante las negociaciones, la delegación costarricense buscó promover la cooperación internacional y reflejar puntos de consenso con otras delegaciones, haciendo hincapié en la aplicabilidad práctica de la convención. El magistrado Alfaro resaltó la tradición costarricense de proteger los derechos humanos, afirmando que su defensa es fundamental en las actividades de prevención y combate de la ciberdelincuencia. Además, subrayó que en un instrumento de vocación universal, los derechos humanos están intrínsecamente relacionados con la dignidad de las personas y, por lo tanto, deben estar presentes en todos los instrumentos internacionales.
El proyecto de documento resultante de esta Convención debe estar listo previo a la próxima Asamblea General de la ONU, con el objetivo de establecer reglas internacionales para abordar el uso de las nuevas tecnologías por parte de la delincuencia. El texto está sujeto a cambios propuestos por las delegaciones durante el proceso de negociación, que continuará hasta la 78ª sesión de la Asamblea General de la ONU, programada para septiembre de 2024.
Este proceso ha contado con el respaldo y la asesoría del Departamento de Desarme, Terrorismo y Crimen Organizado del MREC, así como de las misiones de Costa Rica ante la ONU en Nueva York y Viena.