El Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales (CPRI) manifestó su preocupación ante la discusión legislativa del proyecto de ley 24.290, que propone jornadas laborales de 12 horas durante cuatro días, con tres días de descanso, conocido como jornada 4×3. Según la organización, esta iniciativa representa un retroceso histórico en los derechos laborales del país y contradice convenios internacionales suscritos por Costa Rica.
El CPRI considera que el proyecto de ley vulnera la Constitución Política, el Código de Trabajo y tratados internacionales como el Convenio N.º 1 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al permitir jornadas ordinarias de 12 horas sin justificación técnica, garantías colectivas ni consulta tripartita. De acuerdo con la entidad, esto contradice el principio de progresividad de los derechos laborales y debilita el Estado social de derecho.
Desde su perspectiva, el proyecto contraviene los estándares vigentes sobre la jornada laboral máxima, establecidos tanto en el derecho nacional como internacional. El artículo 136 del Código de Trabajo limita la jornada diurna a 8 horas diarias y 48 semanales, y la nocturna a 6 horas diarias y 36 semanales. Además, cualquier tiempo adicional debe pagarse como hora extra, con un recargo del 50 %. El dictamen C-145-2024 de la Procuraduría General de la República refuerza esta postura, advirtiendo que generalizar jornadas de 12 horas desnaturaliza el régimen de excepciones.
El Colegio también señala que, en la práctica, la «voluntariedad» de acogerse a este esquema podría ser solo nominal. En contextos laborales vulnerables y con escasa sindicalización, las personas trabajadoras podrían verse obligadas indirectamente a aceptar condiciones desfavorables, afectando especialmente a mujeres jefas de hogar.
Otro de los puntos cuestionados por el CPRI es la ausencia de un proceso de consulta tripartita, tal como exige el Convenio N.º 144 de la OIT. El avance acelerado del proyecto, sin audiencias públicas amplias, es considerado como una exclusión de actores clave como empleadores y trabajadores en la toma de decisiones.
La organización también expuso que la limitada capacidad del Ministerio de Trabajo para fiscalizar condiciones laborales agrava el riesgo de abusos. Actualmente, hay solo 80 inspectores para más de 1.6 millones de personas trabajadoras, lo que representa un inspector por cada 15.220 empleados. Esto, según el CPRI, hace inviable una supervisión efectiva de jornadas extendidas.
Desde el ámbito de la salud, se advierte que trabajar 12 horas diarias provoca fatiga crónica, enfermedades cardiovasculares, trastornos del sueño y estrés. Además, reduce la participación ciudadana, pues las personas disponen de menos tiempo para informarse, deliberar y votar. Investigaciones citadas por el Colegio concluyen que trabajar más de 40 horas semanales disminuye la probabilidad de ejercer derechos democráticos básicos.
Asimismo, el comunicado denuncia una profundización en la desigualdad de género. Cerca del 43 % de los hogares en el país tienen jefatura femenina, lo que implica una doble jornada para muchas mujeres, entre empleo formal y labores de cuido. El proyecto, según la UNED, agrava esta situación, ya que el sistema nacional de cuido apenas cubre al 60 % de quienes lo necesitan, y la informalidad femenina alcanza el 38 %.
Finalmente, el Colegio califica la reforma como regresiva también en términos salariales. El esquema 4×3 propone sustituir el pago de horas extra por un recargo del 17 % sobre el salario mínimo, lo que representa ingresos reales inferiores.
Ante este panorama, el CPRI propone cuatro acciones urgentes:
| Recomendaciones del CPRI |
|---|
| 1. Reducir la jornada semanal a 40 horas sin disminuir salarios. |
| 2. Garantizar acceso a educación formal compatible con jornadas laborales. |
| 3. Fortalecer la Red de Cuido para reducir la desigualdad de género. |
| 4. Aumentar recursos para fiscalización laboral y salud ocupacional. |
