En una declaración que ha generado un amplio debate internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a que el desarrollo y regulación de la inteligencia artificial (IA) se orienten más por el sentido común que por un conjunto rígido de normas. Sus palabras han resonado en campos políticos, tecnológicos y académicos, en medio del creciente interés global por establecer marcos éticos y legislativos para esta tecnología en rápida evolución.
Durante una conferencia en Florida centrada en innovación tecnológica, Trump advirtió sobre los riesgos de imponer estructuras reglamentarias inflexibles que podrían, según él, sofocar la creatividad, la competitividad y la soberanía digital de los países. “No podemos permitir que un grupo de burócratas nos diga cómo debe pensar la inteligencia artificial. Necesitamos reglas, sí, pero también sentido común y espacio para crecer”, declaró ante una audiencia de empresarios y desarrolladores de tecnología.
Las afirmaciones del exmandatario surgen en un contexto de presión internacional por establecer políticas claras sobre la inteligencia artificial. En los últimos meses, organismos como la Unión Europea, la ONU y la Casa Blanca han presentado propuestas o iniciativas legislativas para limitar el uso indebido de esta tecnología, regulando desde el uso de datos sensibles hasta la toma automatizada de decisiones de alto impacto.
Expertos en ética tecnológica y derechos digitales han reaccionado de diversas maneras. Para algunos, las palabras de Trump reflejan preocupaciones legítimas sobre el exceso de regulación, que podría ralentizar el avance y desconectar a los países de la carrera por la innovación. Sin embargo, otros lo acusan de minimizar los riesgos reales que plantea la IA si no se controla adecuadamente.
“Hablar de sentido común suena bien, pero en la práctica es una noción subjetiva que puede justificar la omisión de salvaguardas indispensables”, explicó Mariela Torres, investigadora de sociedad digital en la Universidad Complutense de Madrid. “Lo que para un país o un gobierno es sentido común, para otros puede ser una amenaza a los derechos humanos o a la privacidad”.
A nivel político, la declaración también ha avivado discusiones acerca de la soberanía tecnológica y la influencia de las grandes potencias en la regulación de la IA. Algunos sectores ven en la postura de Trump un intento por afianzar la autonomía de Estados Unidos frente a los estándares internacionales, mientras que otros temen que esa posición pueda traducirse en una competencia sin normas claras, facilitando la explotación con fines militares o de vigilancia masiva.
El impacto de las declaraciones aún está por verse, pero ya han comenzado a catalizar una conversación más amplia sobre cómo equilibrar la innovación con la responsabilidad. Se espera que durante los próximos meses, en el marco de foros multilaterales como el G7 y la próxima Cumbre de Tecnología Global, este tema cobre aún más relevancia.
Mientras crece la presión por encontrar un consenso internacional, la afirmación de que el sentido común debe prevalecer sobre regulaciones inflexibles reabre un viejo dilema tecnológico: ¿cómo mantener el control de herramientas que aprenden y evolucionan más rápido que las leyes hechas para gobernarlas?