Una vez más, el sistema judicial costarricense enfrenta críticas por fallar en un caso de alto perfil relacionado con el crimen organizado. Esta vez, se trata de la absolución del grupo conocido como los Lara, cuyos integrantes —según informes de inteligencia policial— estarían relacionados no solo con el narcotráfico en el sur de San José, sino también con múltiples homicidios.
La decisión judicial permitió que más de 10 personas vinculadas a esta organización criminal regresaran a las calles, lo cual genera profunda preocupación en sectores que advierten sobre un posible aumento de los asesinatos y una reactivación de actividades ilícitas en comunidades vulnerables.
Los jueces señalaron que no existía una base probatoria suficiente para emitir una condena, lo cual refleja, según voces críticas, una debilidad en el trabajo del Ministerio Público y una necesidad urgente de reforzar las labores investigativas y de acusación penal en casos complejos.
El hecho ha sido calificado como un nuevo ejemplo de que el Estado costarricense no está cumpliendo con las expectativas de la ciudadanía, especialmente en lo que respecta a brindar justicia efectiva y garantizar la seguridad de las víctimas. Aunque se reconoce que el Estado de derecho protege los principios del debido proceso y la presunción de inocencia, también se enfatiza que esas garantías no deben implicar la desprotección de la población frente al accionar del crimen organizado.
Este caso plantea la necesidad de una reflexión profunda sobre la eficiencia del aparato judicial, especialmente cuando se trata de organizaciones criminales que operan en zonas donde la violencia y el miedo ya forman parte del día a día.