San José. La decisión del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) de permitir el ingreso masivo de papa al país desató una ola de críticas por parte de legisladores y representantes del sector agrícola, quienes exigen al Gobierno derogar la resolución que autoriza dichas importaciones.
Durante una sesión reciente de la Comisión de Cartago de la Asamblea Legislativa, los diputados alzaron la voz en defensa de los productores nacionales y advirtieron sobre los riesgos que conlleva esta política para la seguridad alimentaria y la economía rural.
El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, fue enfático al señalar que esta medida representa un golpe directo al agricultor costarricense. “Aquí se está desarrollando una política que es golpear al agricultor, que es quien nos da la seguridad alimentaria de este país, y eso no podemos permitirlo”, advirtió Izquierdo.
El legislador también expresó su preocupación por el riesgo sanitario que podría representar para los consumidores el ingreso de alimentos de dudosa procedencia, señalando que la resolución en cuestión permite la importación de papa “de manera prácticamente descontrolada”.
En la misma línea, el diputado socialcristiano Alejandro Pacheco criticó duramente la medida y sostuvo que “el gobierno ya quebró prácticamente a los arroceros, ahora quiere quebrar a los paperos”. Pacheco afirmó que los legisladores de la Comisión de Cartago están “muy preocupados” y pidió de forma categórica la derogatoria inmediata de la directriz.
Por su parte, Laura Martínez, presidenta de la Cooperación Hortícola Nacional, recordó que esta lucha no es nueva. Explicó que han intentado, sin éxito, agotar el diálogo institucional, solicitando al SFE el análisis de riesgo sobre la importación de papa que respaldaría la medida notificada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). “Nunca nos llegó la respuesta”, indicó.
Frente a esta omisión, Martínez informó que el sector presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. “La Sala nos dio la razón y le solicitó [al MAG] que efectivamente nos dieran la información”, aseguró. Sin embargo, afirmó que el análisis de riesgo proporcionado no cumplía con los requerimientos, por lo que se encuentran preparando una demanda formal por la calidad de la información suministrada.
La dirigente también subrayó el impacto económico que ha tenido esta política sobre los productores de papa entre 2021 y 2024, periodo en el cual las importaciones crecieron en un 300%, afectando gravemente la competitividad y sostenibilidad del sector.
Tanto los legisladores como los representantes del gremio insisten en que permitir el ingreso indiscriminado de papa importada pone en riesgo no solo a los agricultores nacionales, sino también al consumidor final, y exigen al Poder Ejecutivo la derogación inmediata de la resolución vigente.
