La Fiscalía General de la República presentó este lunes una acusación formal contra el presidente Rodrigo Chaves Robles, así como contra el vicepresidente Stefan Brunner Neibig y otros funcionarios y empresarios vinculados, por el presunto delito de financiamiento ilícito de la campaña presidencial de 2022.
La causa penal, identificada bajo el expediente 22-000065-1218-PE, fue remitida al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, e involucra a varias figuras cercanas al mandatario.
El Ministerio Público acusa a los imputados de haber utilizado una estructura paralela de financiamiento no registrada ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), mediante fideicomisos y fondos que no fueron reportados como parte de los gastos de campaña, lo cual constituye una violación a las leyes electorales del país.
¿QUÉ SIGUE?
Al tratarse del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia deberá analizar la acusación para decidir si la remite a la Asamblea Legislativa. De ser así, los diputados deberán valorar si levantan la inmunidad presidencial, requisito indispensable para que Chaves enfrente un eventual juicio.
CONTEXTO
Rodrigo Chaves ya había sido cuestionado por este caso desde antes de asumir la presidencia, luego de que salieran a la luz los movimientos del fideicomiso “Costa Rica Próspera”, utilizado durante su campaña sin supervisión del TSE.
Esta es la primera vez en la historia reciente que un presidente en ejercicio es acusado formalmente por delitos vinculados al financiamiento electoral.
VOCES EN CONTRASTE
El Ministerio Público insistió en que la acusación se sustenta en “sólida prueba documental y testimonial”, mientras que allegados al gobierno han calificado los señalamientos como una “persecución política”.
Este caso marca un precedente histórico para el país y podría tener repercusiones significativas en el panorama político nacional.