El expediente 24.495, que reformaba el artículo 193 del Código Procesal Penal para autorizar allanamientos por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía durante las 24 horas del día—includingo fines de semana y feriados—será vetado por el Presidente de la República. Esta decisión se fundamenta tanto en preocupaciones de fondo sobre garantías constitucionales como en la técnica legislativa utilizada en la redacción de la ley.
Actualmente, las reglas exigen la autorización expresa de un juez para realizar allanamientos fuera del horario laboral, asegurando así la protección de la propiedad privada y las libertades individuales. El proyecto aprobado pretendía flexibilizar este control, permitiendo que el OIJ y la Fiscalía pudieran actuar sin el mismo nivel de supervisión judicial, lo que para distintos sectores representa un riesgo de arbitrariedad y abuso de poder.
El veto presidencial obedece a varios motivos:
- Afectación de derechos fundamentales: La ausencia del control directo del juez podría vulnerar la propiedad privada y la libertad personal.
- Defectos en la técnica legislativa: La ley fue redactada con ambigüedades y carencias jurídicas que la vuelven inaplicable o riesgosa si se llegara a implementar.
- Inconstitucionalidad: Se alega que la reforma no respeta principios fundamentales establecidos en la Constitución, razón por la cual deberá ser revisada por la Sala Constitucional.
El cuestionamiento de fondo, además, recae sobre la eficacia actual del OIJ y el Ministerio Público, pues pese a tener a su disposición diversas herramientas legales, varios casos de alto perfil como Yamber, Soto, Diamante y Cochinilla siguen sin resolverse tras muchos años. La crítica señala que dotar de más facultades a instituciones que no han mostrado resultados efectivos podría incrementar riesgos sin aportar garantías para la ciudadanía.
Resumen:
La reforma legal que buscaba ampliar la capacidad de allanamientos será vetada por el Ejecutivo, principalmente por riesgo a derechos ciudadanos y errores de procedimiento legislativo. El texto ahora irá a revisión constitucional, en medio de crecientes dudas sobre el desempeño y la supervisión de las instituciones encargadas de la investigación penal en Costa Rica.