San José, 13 de mayo de 2025 — El exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Mauricio Batalla, enfrenta una investigación penal relacionada con presuntas irregularidades en la utilización de fondos de emergencia para obras de reparación en el aeropuerto internacional Daniel Oduber, en Liberia.
La Fiscalía sostiene que algunas decisiones operativas y movimientos presupuestarios ejecutados durante la intervención del aeropuerto no se habrían ajustado a los protocolos establecidos, lo que motivó el despliegue de operativos y una audiencia judicial este lunes en el Juzgado Penal de Hacienda.
Gerardo Chávez, abogado defensor de Batalla, aseguró que su representado no fue responsable directo de las decisiones clave. “Mauricio participó apenas en dos reuniones sobre el tema. No firmó acuerdos ni tomó determinaciones trascendentales”, expresó a la prensa, tras haber tenido acceso al expediente junto a su cliente.
Según Chávez, el fondo utilizado para financiar las obras corresponde al mecanismo de emergencia autorizado por decreto, durante una coyuntura manejada principalmente por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y con lineamientos dictados por jerarcas como el entonces ministro de Obras Públicas, Luis Amador, y la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz.
El abogado también enfatizó que, al momento de los hechos, Batalla no ostentaba el cargo de ministro sino de director del CONAVI, con funciones más limitadas en términos de ejecución presupuestaria y decisión política.
Durante el operativo de este lunes, agentes judiciales realizaron una verificación en la vivienda del exfuncionario, sin que se reportara decomiso de bienes de relevancia. Según la defensa, solo se revisaron dispositivos electrónicos y documentos.
La audiencia programada en el Juzgado Penal de Hacienda definirá las medidas cautelares que podrían imponerse tanto a Batalla como a otros investigados, cuyos nombres aún no se han hecho públicos.
Chávez criticó la exposición mediática del caso y calificó el despliegue institucional como innecesario: “Esto se pudo haber manejado con una simple notificación. Pero vivimos en una dinámica donde el show mediático pesa más que el fondo legal”.
Mientras el proceso sigue su curso, Batalla permanece a la espera de una resolución judicial sobre su situación jurídica, bajo la premisa de que su participación fue secundaria y sin impacto operativo directo en los hechos que ahora se investigan.