San José, 30 de abril de 2025 – 12:45 hrs
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) aclaró este martes que dos empleados vinculados a procesos judiciales, Eduardo Arrieta Reyes y César Méndez Contreras, no están recibiendo salario alguno desde su detención, desmintiendo versiones que circulaban en redes sociales.
Acciones institucionales inmediatas
Según el comunicado oficial (No. 031-2025), la empresa aplicó medidas drásticas desde diciembre de 2024:
| Medida | Detalle | Base legal |
|---|---|---|
| Suspensión sin salario | Implementada el 19/dic/2024, tras prisión preventiva | Artículo 78 Código de Trabajo† |
| Prohibición de acceso | Vigente desde la misma fecha en todas las instalaciones de Recope | Protocolo de seguridad institucional |
| Notificación formal | Firmada por ambos en CAI Carlos Luis Fallas el 20/dic/2024 | Acta judicial |
Contexto legal
† Artículo 78 del Código de Trabajo:
Permite al empleador suspender contratos cuando:
- El trabajador enfrenta prisión preventiva
- Se comprueba impedimento físico/moral para laborar
- Hay riesgo para otros empleados e instalaciones
Política anticorrupción
Mario Vílchez, Jefe de Comunicación de Recope, enfatizó:
“Mantenemos cero tolerancia ante actos irregulares. Quien incumpla nuestros principios enfrentará consecuencias administrativas y legales inmediatas”.
La institución destacó que estas acciones forman parte de su Protocolo Ético, actualizado en 2023, que incluye:
- Auditorías trimestrales en áreas sensibles
- Capacitaciones obligatorias en transparencia
- Canal de denuncias confidencial (800-5000-RECOPE)
Impacto administrativo
- Duración de suspensiones: Hasta que el Poder Judicial resuelva los casos
- Reemplazos laborales: Ya se nombraron suplentes calificados para ambos puestos
- Proceso sancionatorio: Avanzará paralelamente a la investigación penal
Para contextualizar:
Este caso se enmarca en la estrategia nacional contra la corrupción 2023-2025, que ha incrementado en 40% las suspensiones laborales por procesos judiciales en entidades públicas según datos de la Contraloría General.