Estrategia post-captura y desafíos operativos del OIJ | Caso «Diablo»

1. Implementación del aislamiento carcelario

   • Se aplicaría un régimen de comunicación supervisada (llamadas y visitas con autorización judicial) para impedir su influencia en la red, basado en protocolos usados con líderes de carteles mexicanos¹.
   • El OIJ coordinaría con el Ministerio de Justicia para ubicarlo en módulos de máxima seguridad (ej: edificio A del Centro Penal de La Reforma), donde existen restricciones tecnológicas estrictas¹.

2. Gestión de la fragmentación criminal

   • Identificación de sucesores potenciales: Usarían técnicas de link analysis para mapear jerarquías secundarias, priorizando a figuras en zonas de expansión como:
     • Limón (ruta caribeña de cocaína)
     • Guanacaste (puntos ciegos fronterizos con Nicaragua)
     • Puntarenas (control de playas para narcolanchas)².
   • Operativos diferenciados: En áreas urbanas usarían allanamientos nocturnos (apoyados en la reforma de Código Procesal Penal), mientras en zonas rurales aplicarían patrullajes tácticos con drones termográficos¹².

3. Mitigación de violencia post-captura

   • Unidad de Reacción Inmediata (URI): Desplegarían equipos en zonas críticas usando datos predictivos de homicidios (georreferenciación de choques entre bandas en 2023)².
   • Acuerdos con líderes comunales: Establecerían alertas tempranas mediante redes vecinales en barrios como La Carpio y Los Cuadros, donde la estructura de Arias tiene reclutadores activos¹.

Impacto en lavado de activos y minería ilegal²

• Trazabilidad financiera: El OIJ rastrearía flujos hacia empresas fachada vinculadas a:
  • Comercializadoras de granos básicos (4 identificadas en Alajuela).
  • Concesionarias de vehículos de lujo (3 under investigation en Escazú).
• Intervención en Crucitas: Aunque no hay vínculo directo con Arias, la Fiscalía Especializada de Ambiente prepara operativos contra mineros ilegales que usan rutas controladas por su red para transporte de maquinaria.

Avances en cooperación internacional

• Extradición priorizada: Si se aprueba la reforma constitucional, el proceso se aceleraría mediante el Acuerdo de Asistencia Legal Mutua Costa Rica-EE.UU., aprovechando precedentes como el caso de Joaquín Vargas Rojas (2022)¹.
• Tecnología compartida: La DEA proveería accesos a su plataforma EPIC (El Paso Intelligence Center) para cruzar datos de vuelos sospechosos y transacciones en criptomonedas vinculadas a la organización².

Riesgos críticos a gestionar

• Contraofensivas mediáticas: Experiencias previas indican que grupos criminales lanzarían campañas en Facebook Live o TikTok para desprestigiar operativos, como ocurrió tras la captura de «El Bato» (2023)¹.
• Corrupción interinstitucional: Protocolos de la DEA incluyen polygraph tests para funcionarios costarricenses que accedan a información clasificada sobre Arias².

Síntesis operativa:

• La eficacia depende de un cronograma integrado que sincronice:
  1. Aislamiento físico/jurídico de Arias (0-30 días post-captura).
  2. Intervenciones simultáneas en 7 nodos logísticos de la red (Puerto Limón, Río Frío, etc.).
  3. Activación de la recompensa DEA para generar deserción interna.
• La ventana crítica para evitar recomposición es de 90 días, según modelos de resiliencia criminal analizados por el OIJ¹².