El gobierno mantiene firme su postura de no ceder en la eliminación de privilegios y “alcahueterías” dentro de las cárceles, aplicando medidas que incluyen:
- Eliminación total del dinero en efectivo, dificultando la economía ilícita interna.
- Cierre de pulperías y restricciones a la entrada de encomiendas, para evitar el ingreso de objetos o sustancias prohibidas156.
- Restricción en visitas familiares, conyugales y llamadas telefónicas, buscando un mayor control sobre la comunicación y las relaciones con el exterior.
Estas acciones han sido ampliamente respaldadas por gran parte de la población costarricense, que valora la decisión de priorizar a las víctimas por encima de los derechos o facilidades de los privados de libertad. La viralización de la carta de la madre salvadoreña refleja la empatía de muchos ciudadanos con quienes han perdido seres queridos a causa de delitos violentos, recordando que, mientras algunas madres visitan a sus hijos en prisión, otras solo pueden llevar flores a una tumba.
El gobierno destaca que, aunque comprende el dolor y la molestia de familiares de personas en prisión, la prioridad es garantizar la seguridad y justicia para las víctimas y sus familias. Por ello, reafirma su compromiso de continuar aplicando estas políticas sin ceder ante presiones y manteniendo como eje la protección de la sociedad y la memoria de quienes han sido perjudicados por la criminalidad.
En resumen, esta es una política que – más allá de polémicas y desafíos – responde a una demanda social de mayor rigor y justicia, buscando siempre equilibrar los derechos humanos con la protección integral de la comunidad.