San José, Costa Rica – En una sesión realizada esta mañana, la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa interrogó al exmiembro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos, en el contexto de las múltiples sospechas sobre la administración actual de la institución. Este encuentro busca esclarecer la situación financiera de la CCSS, especialmente en relación con la construcción del nuevo hospital en Cartago y la polémica sobre su supuesta quiebra.
Ramos, quien ha sido crítico de las declaraciones del presidente Rodrigo Chávez, que ha afirmado en repetidas ocasiones que la caja está quebrada, defendió la estabilidad financiera de la institución. «Los datos de la Contraloría General de la República indican que el año pasado los excedentes fueron superiores a 1,500 millones de dólares, y este año se mantienen en un ritmo similar», afirmó. Ramos destacó que la CCSS posee reservas que podrían destinarse a la mejora de infraestructura y servicios, desmintiendo así la idea de que la caja se encuentre en crisis.
Durante su comparecencia, la diputada Paulina, de Liberación Nacional, expuso que la falta de apego a criterios técnicos y científicos en la toma de decisiones ha llevado a la CCSS a enfrentar problemas significativos. Mencionó la derogación del reglamento de tercerización en marzo de 2023 como un punto crítico que permitió a la junta directiva tomar decisiones sin la adecuada gobernanza, lo que ha resultado en contrataciones cuestionables.
Ramos identificó tres «pecados capitales» en la gestión actual de la CCSS: la falta de un reglamento adecuado para la tercerización, la desestimación de advertencias de líneas de defensa y la aprobación de decisiones importantes sin el respaldo total de la junta directiva. Enfatizó la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención para mejorar el sistema y reducir las listas de espera, que se han vuelto un problema cada vez más grave.
La diputada Andrea Marín también comentó sobre la negligencia en el manejo de la deuda del gobierno con la CCSS, subrayando que tanto la institución como el Ministerio de Hacienda han fallado en reconocer y abordar esta situación. «Es doloroso que la protección de cifras fiscales sea a costa de la seguridad social de los costarricenses», concluyó.
A medida que la investigación avanza, se espera que la CCSS rinda cuentas sobre su administración y que se implementen medidas que fortalezcan la institución y su capacidad para brindar servicios de salud a la población.