San José, [Fecha] — La Ley Jaguar 2.0 ha suscitado un intenso debate en el ámbito político costarricense tras la reciente declaración de inconstitucionalidad emitida por la Sala Constitucional. En una sesión informativa, el diputado Diego Vargas expuso sus preocupaciones sobre los vicios constitucionales detectados en el proyecto de ley, argumentando que estos reflejan una tendencia preocupante en la presentación de iniciativas legislativas por parte del gobierno.
Vicios de Inconstitucionalidad
El diputado Vargas destacó varios puntos críticos relacionados con la Ley Jaguar 2.0, específicamente en los artículos 2 y 4.
- Artículo 2: Este artículo propone una modificación al artículo 12 de la Ley General de la Contraloría General de la República. Vargas argumentó que la reforma limita el ejercicio de control y fiscalización de la Contraloría, lo cual es fundamental para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos. «No se puede permitir que la supervisión de la Contraloría se vea afectada, pues esto podría abrir la puerta a la corrupción», subrayó.
- Artículo 4: La modificación propuesta al artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública es otro punto de preocupación. Vargas explicó que esta reforma permitiría la contratación de obras públicas sin los controles de fiscalización adecuados, contraviniendo lo estipulado en el artículo 182 de la Constitución. «Esto es inaceptable. La falta de controles adecuados no solo pone en riesgo los recursos del Estado, sino también la calidad de las obras», señaló.
Crítica a la Gestión del Gobierno
Vargas no escatimó en críticas hacia el gobierno, sugiriendo que la presentación de proyectos como el Jaguar 2.0 indica una falta de preparación y seriedad. «El Jaguar 1 estuvo mal hecho, y ahora con el Jaguar 2 estamos enfrentando la misma situación. Necesitamos que quienes están en el gobierno se tomen en serio la responsabilidad de elaborar leyes que no sean ilegales», afirmó.
El diputado también mencionó que los costarricenses merecen proyectos bien fundamentados y que un referéndum debe ser legítimo. «No se vale que un proceso que debería empoderar al ciudadano esté basado en leyes que son cuestionables. Esto representa un riesgo y un gasto innecesario de recursos», agregó.
Llamado a la Responsabilidad
Vargas concluyó su intervención con un llamado a la responsabilidad y a la mejora en la elaboración de proyectos legislativos. «Es hora de que el gobierno deje de hacer discursos y comience a trabajar con seriedad en la construcción de leyes que realmente beneficien al país. Los costarricenses están esperando respuestas concretas», sentenció.
Con la Ley Jaguar 2.0 en el centro de la polémica, los ojos de la opinión pública se centran en cómo el gobierno responderá a estas críticas y qué medidas tomará para corregir los vicios identificados en este proyecto.