San José, 16 de septiembre de 2024 – Esta tarde, los diputados de la fracción Nueva República presentaron un innovador proyecto de ley destinado a fortalecer la Comisión Nacional de Evaluación de Pruebas Nacionales, con el fin de elevar su rol y funciones en el sistema educativo costarricense. La propuesta busca dotar a esta comisión de un rango legal más alto y asegurar su influencia en la política educativa del país.
Detalles del Proyecto
El proyecto de ley tiene como objetivo principal transformar la Comisión Nacional de Evaluación de Pruebas Nacionales de un mero asesor a un organismo rector en el ámbito educativo. Según el diputado José Pablo Sibaja, este cambio pretende eliminar la influencia política en las aulas y garantizar una evaluación de calidad para los estudiantes. “Queremos que el comité tenga un rango de mayor autoridad para asegurar procesos educativos profesionales y efectivos”, afirmó Sibaja.
Contexto Histórico
Sibaja destacó que la Comisión ha enfrentado una serie de desafíos y cambios en el pasado, incluidos intentos por parte de gobiernos anteriores de sustituir las pruebas de bachillerato con las pruebas FARO y otras evaluaciones. Estos cambios, según Sibaja, han contribuido a deficiencias en el sistema educativo, dejando a muchos estudiantes sin habilidades básicas como lectura y redacción. “Es fundamental establecer un marco regulatorio sólido que garantice una educación de calidad y reduzca la politización del sistema”, agregó.
Proceso Legislativo
El proyecto de ley ahora debe pasar por un riguroso proceso legislativo. Inicialmente será revisado por el presidente de la Asamblea Legislativa para verificar su conformidad con la Constitución. Si se identifican problemas o se requieren modificaciones, el proyecto será devuelto a los diputados para su corrección. Solo después de superar este proceso, el proyecto podrá ser implementado.
Impacto Esperado
El fortalecimiento de la Comisión Nacional de Evaluación de Pruebas Nacionales podría tener un impacto significativo en la calidad educativa del país. La propuesta busca asegurar una evaluación rigurosa y objetiva, libre de influencias políticas, con el objetivo de mejorar las competencias básicas de los estudiantes costarricenses.