En un caso que ha conmocionado a la comunidad de Pococí, una menor de solo 12 años ha sido víctima de un espantoso delito de sustracción y privación de libertad. La niña, que desapareció hace aproximadamente 20 días, fue retenida en la vivienda de un hombre adulto de 40 años, junto con la complicidad de su propia madre.
La investigación revela que la menor fue mantenida cautiva en una casa que, al momento del allanamiento, estaba asegurada con una cadena y un candado en la puerta principal. Este hallazgo ha subrayado la gravedad del delito y la planificación meticulosa detrás del mismo.
El caso ha tomado una dimensión aún mayor debido a la implicación de la madre de la niña, quien, según las autoridades, tenía conocimiento de la situación y facilitó la comunicación entre la menor y el agresor a través de redes sociales. La madre, además de ser cómplice, estaba al tanto de cada detalle del sufrimiento de su hija, tanto presencial como digitalmente.
El abogado penalista Don Egoa Acuña destacó que los cargos de sustracción de menores que superan los tres días pueden conllevar penas de hasta 20 años de prisión, una medida que resalta la severidad de los delitos contra menores. Además, se están evaluando otros posibles cargos que podrían surgir dependiendo de la investigación y del trato que la menor recibió durante su cautiverio.
Por su parte, el abogado penalista Don Bernal Luis Salazar ha explicado que, si bien la madre podría enfrentar hasta un año de prisión por incumplimiento del deber de protección, la evidencia recolectada, incluyendo los teléfonos celulares de los detenidos, será crucial para determinar su grado de responsabilidad y las sanciones correspondientes.
Este caso no solo pone en evidencia la vulnerabilidad de los menores ante abusos y explotación, sino también la necesidad urgente de fortalecer las redes de protección infantil. La niña, actualmente bajo el cuidado de su padre, ha sido retirada del entorno que representaba una amenaza para su seguridad, mientras las autoridades continúan con las investigaciones y el proceso judicial.
La comunidad de Pococí y el país en general siguen con atención el desarrollo de este caso, que resalta la importancia de una vigilancia constante y de sistemas de protección efectivos para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores de edad.