Defensora de los Habitantes, Presenta Informe Anual Criticando la Política Económica del Gobierno
En la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Angi Cran, defensora de los habitantes, protagonizó un intenso debate al presentar el informe anual de la defensoría, destacando una alarmante disminución en la inversión social. Cran enfatizó que esta reducción está teniendo repercusiones graves en diversos ámbitos, desde la seguridad ciudadana hasta la educación, alertando sobre un posible impacto negativo a largo plazo en las generaciones futuras.
«Más que un problema económico, estamos enfrentando una crisis en el cumplimiento de los derechos básicos de los ciudadanos», declaró Cran durante su intervención. La defensora subrayó cómo la falta de inversión está contribuyendo a un aumento en los índices de violencia y delitos, así como a la erosión de servicios esenciales como el acceso al agua potable.
Sus declaraciones encontraron eco entre algunos legisladores, como la diputada Monserrat Ruiz del Partido Liberación Nacional, quien respaldó las preocupaciones de Cran y criticó duramente las políticas económicas actuales. Ruiz enfatizó que la inversión insuficiente está exacerbando problemas sociales, incluyendo el incremento alarmante de femicidios y la violencia intrafamiliar.
En contraste, el diputado oficialista Daniel Vargas defendió la gestión del gobierno, argumentando que no siempre más gasto se traduce en mejores resultados. Vargas señaló avances específicos en la reducción de la pobreza y en medidas de seguridad implementadas, desafiando las conclusiones de Cran sobre los efectos negativos de la política económica actual.
El informe, contenido en un extenso documento de más de 100 páginas, será ahora sometido a un análisis detallado por parte de los legisladores, quienes buscarán formular recomendaciones para abordar las preocupaciones planteadas por Cran y otros expertos.
El debate en la Asamblea refleja la creciente polarización respecto a las prioridades presupuestarias del gobierno, con posiciones encontradas sobre el balance entre austeridad fiscal y garantía de derechos básicos para todos los ciudadanos.