Durante el pasado fin de semana, Alajuelita fue testigo de un doble homicidio dentro de un bar, dejando a dos hermanos, ambos de apellido Vargas y con edades de 22 y 25 años, brutalmente asesinados. Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente involucró a individuos que llegaron en motocicleta, disparando indiscriminadamente. El enfrentamiento resultó en la muerte de los hermanos Vargas y dejó a otras personas heridas por armas de fuego.
Estas trágicas muertes se suman a un alarmante incremento de homicidios en la provincia de San José, igualando ya la cifra del año anterior con 116 casos reportados hasta la fecha. Alajuelita, destacado como el cuarto cantón con mayor incidencia criminal, refleja la grave situación de seguridad que enfrenta la región.
Paralelamente, en otro frente judicial, la Policía Profesional de Migración detuvo a un costarricense vinculado al caso «Madre Patria», una investigación por fraude registral multimillonario que involucra propiedades en Guanacaste valuadas en hasta 30 millones de dólares. Este caso ha implicado a españoles, oficiales de tránsito, notarios y otros funcionarios públicos, señalados como líderes de la operación fraudulenta.
El arresto del individuo en el aeropuerto internacional Juan Santa María forma parte de un esfuerzo continuo por parte de las autoridades para desmantelar la red criminal detrás de este sofisticado esquema de fraude. La Fiscalía ha solicitado un año de prisión preventiva para la mayoría de los acusados, mientras se intensifica la investigación.
En otro incidente, un vehículo se precipitó en el sector del Cerro de la Muerte, cerca de Pérez Celedón, resultando en un rescate dramático por parte de la Cruz Roja. Un hombre de 46 años fue rescatado en estado crítico y trasladado al Hospital Escalante Pradilla, destacando la rápida respuesta de los servicios de emergencia en la región.
Estos eventos subrayan la urgencia de medidas efectivas para abordar la violencia y los delitos complejos que afectan a Costa Rica, reflejando el desafío continuo que enfrentan las autoridades en materia de seguridad y justicia.
Este reporte destaca la complejidad y gravedad de los sucesos recientes, enfatizando la necesidad de una acción coordinada y eficaz para proteger a la ciudadanía y garantizar la tranquilidad pública en el país.