Proyecto de ley facilitaría recarga para vehículos eléctricos

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Diputada Kattia Cambronero, PLP.

En el marco del Día Mundial de la Energía, la diputada Kattia Cambronero Aguiluz presentó el expediente 24.171 «Fomento a la Infraestructura de Recarga Eléctrica y Estrategias para la Movilidad Sostenible» a la corriente legislativa.

El principal objetivo de este proyecto de ley es impulsar la ampliación de la red de recarga eléctrica nacional para brindar soporte a la transición al transporte eléctrico en Costa Rica.

Los vehículos eléctricos

Según datos del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), hasta diciembre de 2023, el país contaba con un acumulado de 12,302 vehículos eléctricos, lo que representó un incremento del 87% entre el 2022 y el 2023.

Esta cifra abarca automóviles, motocicletas, vehículos especiales y vehículos de trabajo. A pesar del crecimiento en el número de vehículos eléctricos, el registro del MINAE señala que el país dispone actualmente de 48 cargadores rápidos, la mayoría de los cuales son propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Esto es inferior a la meta establecida por el Plan Nacional de Descarbonización para el 2022, que preveía la operación de 69 centros de recarga rápida.

Las restricciones actuales

La Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico No. 9518 del 2018 restringe la implementación de centros de recarga a las distribuidoras de electricidad, las cuales tienen la posibilidad de establecer alianzas con estaciones de venta de combustible u otros establecimientos públicos o privados. Sin embargo, este recurso se ha utilizado de forma limitada.

La diputada proponente, Kattia Cambronero Aguiluz, enfatizó que el crecimiento significativo de vehículos eléctricos en Costa Rica subraya el interés de la población en la movilidad sostenible. Por ende, es fundamental que la red de cargadores también avance al mismo ritmo que el crecimiento de los vehículos eléctricos.

El proyecto 24.171 pretende reformar los artículos 31 y 32 de la Ley No. 9518 del 2018 para permitir a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, abonadas de las distribuidoras de electricidad, desarrollar, operar y vender el servicio de recarga para vehículos eléctricos.

Esto abriría la posibilidad de que el sector privado participe en la venta de este servicio, con el fin de acelerar la transición hacia modelos de transporte eléctrico, optimizando la eficiencia de la infraestructura de recarga eléctrica.

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