San José, Costa Rica – En medio de críticas y cuestionamientos, el presidente Rodrigo Chávez Robles y el Ministerio de Hacienda han propuesto una póliza de seguros valorada en más de 248 millones de colones, destinada a proteger a ministros y altos funcionarios de posibles acciones civiles. Esta iniciativa ha desatado un intenso debate sobre su legalidad y su impacto en la administración pública.
Objetivo de la Póliza
Durante una conferencia de prensa, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, explicó que la póliza busca brindar a los funcionarios la certeza de que podrán tomar decisiones sin temor a repercusiones legales que puedan poner en riesgo su patrimonio personal. Según Acosta, los funcionarios enfrentan situaciones difíciles donde sus decisiones pueden ser objeto de denuncias temerarias.
“Lo que estamos buscando es que los ministros y directores de juntas directivas puedan actuar con confianza”, afirmó Acosta, quien enfatizó que la póliza no cubriría casos de dolo o corrupción.
Contexto Legal
El abogado experto en derecho administrativo que fue consultado para esta nota ha señalado que la propuesta presenta posibles problemas legales. Según él, la póliza podría interpretarse como una forma de desviar la responsabilidad personal de los funcionarios, lo que contradice la Ley General de la Administración Pública que establece una responsabilidad solidaria para estos.
El abogado también advirtió que la póliza podría generar un desequilibrio, ya que solo un grupo selecto de funcionarios estaría protegido, lo que podría violar el principio de igualdad ante la ley.
Reacciones y Críticas
La propuesta ha sido recibida con escepticismo por parte de diversos sectores de la sociedad. Críticos han cuestionado la necesidad de una póliza tan costosa y han señalado que su implementación podría fomentar la irresponsabilidad en la toma de decisiones.
“La administración pública debe basarse en la transparencia y la responsabilidad. Proteger a un grupo selecto de funcionarios crea un precedente preocupante”, declaró un representante de una organización de la sociedad civil.
Próximos Pasos
La iniciativa será discutida en la Asamblea Legislativa, donde se espera que surjan más debates sobre su viabilidad y legalidad. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda ha reiterado que la póliza se ajusta a prácticas utilizadas en otros países y es una medida necesaria para garantizar la estabilidad en la toma de decisiones gubernamentales.
Los ciudadanos y analistas seguirán de cerca la evolución de esta situación, que podría tener implicaciones significativas para la administración pública en Costa Rica.