En una sorprendente vuelta de los acontecimientos, la policía judicial y el Ministerio Público realizaron hoy 26 allanamientos en el área de Gandoca-Manzanillo, una zona clave en el refugio Silvestre de Limón, Costa Rica. Esta operación, que incluyó 15 dependencias institucionales relacionadas con el otorgamiento de permisos y 11 domicilios personales, se llevó a cabo bajo la autorización de un juez que sospecha de posibles irregularidades y delitos graves en el manejo del área protegida.
Hace solo tres semanas, el presidente Rodrigo Chávez y el ministro de Ambiente, Fran Tattenbach, aseguraron que todas las acciones en Gandoca-Manzanillo estaban en conformidad con la ley. Sin embargo, los recientes allanamientos indican que las autoridades judiciales tienen serias dudas sobre la legalidad de las operaciones allí.
Durante la jornada, la diputada Katia Cambronero del Partido Liberal Progresista expresó su preocupación por la contradicción entre las afirmaciones del presidente y las investigaciones en curso. Cambronero calificó la situación como «gravísima» y acusó al presidente de intentar eludir responsabilidades y actuar por encima de la ley. La diputada recordó que ya se habían emitido advertencias previas sobre la necesidad de una nueva zonificación y mapeo del área, recomendaciones que aparentemente no fueron seguidas.
El director de la Policía Judicial, Randall Suárez, confirmó que los allanamientos resultaron en la detención de una persona y en la incautación de una gran cantidad de documentos. Estos documentos serán clave para determinar si se han cometido delitos como prevaricato, influencia contra la Hacienda, y la concesión irregular de permisos, presuntamente a cambio de sobornos o mediante corrupción.
La información recabada durante estos allanamientos será crucial para esclarecer las alegaciones y tomar las medidas correspondientes. El caso sigue bajo investigación, con la posibilidad de que surjan más detenciones a medida que se profundice en la revisión de los documentos y pruebas incautadas.
Este desarrollo destaca una creciente tensión entre las autoridades políticas y judiciales en Costa Rica, mientras se busca establecer la verdad detrás de las operaciones en una de las zonas de biodiversidad más importantes del país.