En un reciente comunicado desde la Asamblea Legislativa, la Oficina Técnica ha confirmado el envío inminente de los resultados de una investigación realizada por una comisión especial legislativa. Esta comisión investigó presuntas irregularidades relacionadas con la asignación de la pauta publicitaria del gobierno utilizando el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART).
Según fuentes legislativas, se estima que hasta 11,000 millones de colones podrían estar involucrados en estas prácticas cuestionables. Diputados han expresado preocupación por lo que consideran un uso político de la pauta publicitaria, privilegiando a ciertos medios sobre otros, en lugar de seguir criterios técnicos y legales.
La diputada Joana Olando del Partido de Liberación Nacional destacó que se favoreció a medios pequeños y medianos en detrimento de otros, una práctica que, aunque favorece la diversidad mediática, debe realizarse de manera transparente y conforme a la ley. Afirmó que estas acciones podrían estar destinadas a silenciar a las voces opositoras, lo cual, en un país democrático como Costa Rica, resulta inaceptable.
Por otro lado, la diputada oficialista Ada Acuña negó rotundamente las acusaciones de irregularidades, defendiendo que el gobierno implementó un plan para democratizar la pauta publicitaria. Según Acuña, durante las 32 comparecencias de la comisión no se presentaron pruebas concluyentes de malversación o mal uso de fondos públicos. También señaló que las acusaciones carecían de fundamentos sólidos y eran más bien producto de prejuicios políticos.
A pesar de las defensas oficiales, la reputación de SINART ha sufrido un golpe significativo, afectando tanto su imagen pública como sus finanzas. La institución estaría atravesando una de sus crisis más severas hasta la fecha, lo que podría poner en riesgo su estabilidad a largo plazo.
Este caso sigue desarrollándose y se espera que el Ministerio Público inicie una investigación formal basada en los hallazgos de la comisión legislativa. Mientras tanto, las repercusiones políticas y sociales de estas revelaciones continúan generando debate en la opinión pública costarricense.