
En un paso significativo hacia la reforma constitucional, una comisión legislativa especial recomendó hoy por unanimidad en el Congreso de la República modificar el Artículo 32 de la Constitución Nacional de Costa Rica. Esta enmienda tiene como objetivo permitir la extradición de ciudadanos costarricenses requeridos por otros países en casos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo.
La aprobación de esta medida representa un hito inicial en el camino hacia la extradición, convirtiéndola en una herramienta crucial en la lucha contra el narcotráfico, un flagelo que afecta gravemente al país. David Segura, líder de la fracción del Partido Nueva República, destacó la importancia de esta herramienta para Costa Rica:
«Es muy importante porque Costa Rica ha estado esperando esto por mucho tiempo. No es posible que tengamos criminales costarricenses que vayan a otro país, cometan un delito y regresen a Costa Rica. Y cuando ese país quiere procesarlos, aquí en Costa Rica hay una prohibición constitucional que lo impide».
Según Segura, la medida no vulnera los derechos humanos y promueve la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Expertos y organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han respaldado esta práctica como un medio efectivo de cooperación entre países.
Sin embargo, la propuesta actualmente excluye delitos como el lavado de dinero y la asociación ilícita, que también están estrechamente ligados al narcotráfico y al terrorismo según Eli Feinzag, líder del Partido Liberal Progresista:
«Es importante incluir dos delitos más: el lavado de dinero y la asociación ilícita, ambos vinculados al narcotráfico y al terrorismo. No hacerlo podría dificultar la extradición desde Costa Rica en casos donde no se pueda demostrar directamente el narcotráfico, pero sí estas otras actividades».
La aprobación unánime de la recomendación por parte de la Comisión Especial es un avance significativo, aunque el proceso de reforma constitucional será largo y complejo. Requerirá de cinco votos en dos legislaturas y será presentado por el presidente durante su mensaje del próximo 1 de mayo.
En resumen, este paso marca el inicio de un debate legislativo prolongado y crucial, donde se discutirá la inclusión de estos delitos adicionales para fortalecer la capacidad de Costa Rica para colaborar con otros países en la persecución de delitos graves.