El Ministerio de Justicia cancela las audiencias virtuales. Ahora surge la gran duda de quién asumirá los millonarios costos de trasladar a los reos.
Fin del convenio de audiencias virtuales: El gigantesco costo logístico y de seguridad para trasladar reos recaerá sobre el Estado
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, anunció este 3 de agosto la decisión de dar por finalizado el convenio de cooperación suscrito con el Poder Judicial, el cual permitía la realización de audiencias virtuales en los diferentes centros penitenciarios del país. Esta medida responde a las recientes manifestaciones de las autoridades judiciales, quienes han expresado su preferencia por llevar a cabo las diligencias legales de manera presencial.
Sin embargo, esta decisión abre un debate inmediato y sumamente complejo: al exigir la presencialidad, ¿quién tendrá que cubrir ahora los altísimos costos operativos, de combustible, viáticos y de recurso humano para el traslado y cuido de miles de privados de libertad? Con el fin de la virtualidad, el sistema judicial y los cuerpos policiales externos deberán enfrentar una pesadilla logística para mover a los reclusos desde las cárceles hasta los distintos tribunales a lo largo de todo el territorio nacional.
La millonaria factura logística y el riesgo de seguridad en las calles
Las cifras compartidas por el Ministerio de Justicia y Paz dimensionan el tamaño del reto económico que se avecina. Solamente entre enero y junio del año 2026, el Sistema Penitenciario Nacional logró realizar 2.416 audiencias virtuales. De estas, 944 correspondieron a citaciones en juzgados, 421 a tribunales de juicio, 354 a diligencias con defensores y 697 a otras actuaciones judiciales. Al eliminar las pantallas, todos estos miles de casos se traducirán en caravanas físicas de vehículos de seguridad circulando por las carreteras de Costa Rica.
Uno de los puntos más críticos de esta transición recae en los reos de alta peligrosidad. Durante ese mismo semestre, solo en el Centro Nacional de Atención Específica (Máxima Seguridad), se efectuaron 159 audiencias virtuales, requiriendo la participación de 318 policías penitenciarios únicamente para coordinar la videollamada. Ahora, sacar físicamente a estos 159 reclusos de máxima seguridad de los penales representará un operativo de altísimo riesgo para la ciudadanía, demandando escoltas fuertemente armadas y un gasto exorbitante de recursos estatales que alguien tendrá que financiar.
Justicia se atrinchera en las cárceles y devuelve los equipos
Mientras el peso del traslado físico recaerá sobre las fuerzas operativas externas y las finanzas del Estado, el Ministerio de Justicia y Paz tiene claro su objetivo: blindar el interior de los penales. Para atender las audiencias por computadora, la institución tuvo que destinar a 2.775 policías penitenciarios en labores de custodia y coordinación durante el primer semestre. Con la cancelación del convenio, todo ese valioso recurso policial será reasignado exclusivamente para fortalecer las labores de vigilancia, control y seguridad dentro de las prisiones.
Como símbolo definitivo de esta ruptura operativa, el jerarca Aguilar Vargas confirmó que el Ministerio procederá a devolver al Poder Judicial todas las computadoras, equipos de videoconferencia y demás dispositivos tecnológicos que eran utilizados para la ejecución de este convenio. A partir de ahora, la justicia volverá a ser presencial, pero el millonario costo de llevar a los reos hasta los estrados judiciales promete ser el nuevo dolor de cabeza del sistema estatal.
Con información para STAY TV: STAY TV
Fuente Consultada: Comunicado de prensa oficial (CP-0062-2026) emitido por la Oficina de Prensa y Comunicación del Ministerio de Justicia y Paz, de fecha 3 de agosto del 2026.
