Nicaragua reforma su Constitución y despoja de la nacionalidad a quienes adquieran una segunda ciudadanía

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El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo impuso una reforma a los artículos 23 y 25 de la Constitución Política de Nicaragua que establece la pérdida automática de la nacionalidad nicaragüense para cualquier ciudadano que obtenga otra nacionalidad. Según el nuevo texto, “quien adquiera otra nacionalidad y jura lealtad a un Estado extranjero rompe el vínculo jurídico y moral con Nicaragua”.

Aspectos principales de la reforma:

Aspecto Antes de la reforma Después de la reforma
Adquisición de doble nacionalidad Permitida sin consecuencias legales Pierde automáticamente la nacionalidad nicaragüense
Participación en cargos de elección popular Permitido, renunciando a otra ciudadanía 4 años antes Prohibido para quienes hayan adquirido otra nacionalidad
Justificación oficial No existía prohibición ni penalización específica Basado en la exclusividad de la lealtad patriótica
Aplicación No aclarada si retroactiva Genera incertidumbre sobre posibles confiscaciones

La reforma fue aprobada por la Asamblea Nacional controlada por diputados sandinistas. El régimen citó argumentos históricos y de lealtad nacional para justificar la imposibilidad de doble ciudadanía, indicando que la patria exige “compromiso exclusivo”.

Implicaciones y contexto:

  • Deroga el marco anterior que permitía la doble nacionalidad y participación política de ciudadanos exiliados.
  • Genera incertidumbre sobre la retroactividad de la medida y su potencial acompañamiento de confiscación de bienes a los afectados, práctica utilizada en casos recientes contra más de 450 opositores y críticos del régimen.
  • Afecta a miles de nicaragüenses exiliados y a quienes han buscado protección fuera del país debido a la represión.

Antecedente inmediato:
En años recientes, el gobierno ha despojado de la nacionalidad y los bienes a centenares de opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y otros críticos, utilizando figuras legales como la traición a la patria y la inhabilitación política.

Resumen:
Con la reforma a los artículos 23 y 25 de la Constitución, el Gobierno de Nicaragua refuerza el control político y la exclusión mediante la sanción automática de la desnacionalización a quienes obtengan ciudadanía extranjera. La medida intensifica la inseguridad jurídica y el riesgo de confiscación de bienes para quienes su situación esté en duda, y refuerza el carácter represivo del actual régimen frente a la disidencia y el exilio.

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