INA certificará por primera vez a intérpretes de LESCO en Costa Rica

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El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en colaboración con la Segunda Vicepresidencia de la República, anunció un hito histórico para el país y la comunidad sorda: por primera vez se implementarán pruebas de certificación para intérpretes de Lengua de Señas Costarricense (LESCO). Esta iniciativa, enmarcada bajo el artículo 26 de la Ley 9822, permitirá otorgar una certificación de nivel técnico 3 según el Marco Nacional de Cualificaciones.

Según Christian Rucavado Leandro, presidente ejecutivo del INA, este paso reafirma el compromiso nacional con la equidad, la dignificación del trabajo y el acceso universal a la información para las personas sordas. Actualmente, se está ejecutando el proceso de pruebas con el primer grupo de postulantes que cumplen todos los requisitos, y para 2025 ya están previstas al menos dos convocatorias oficiales (junio y julio), con posibilidad de habilitar más fechas en caso de alta demanda.

La doctora Mary Munive, segunda vicepresidenta de la República, destacó el carácter histórico de la certificación: “Garantizamos no solo calidad técnica, sino también un compromiso con la equidad, la dignificación del trabajo y el acceso universal a los servicios públicos”.

Impacto de la iniciativa

  • Reconocimiento formal y profesional del rol de las personas intérpretes de LESCO
  • Nuevas fuentes de empleo y mejor acceso a servicios públicos clave para la comunidad sorda, especialmente en salud, educación y trabajo
  • Fortalecimiento de derechos laborales y dignificación del oficio de intérprete de LESCO

El proceso de diseño y aplicación de las pruebas contó con la activa participación de representantes de la comunidad sorda y de intérpretes con amplia experiencia. Melina Protti, intérprete participante, resaltó la importancia de este avance: “Eso también implica el reconocimiento de nuestros derechos laborales”.

Resumen:
Con la certificación oficial de intérpretes de LESCO, Costa Rica da un importante paso hacia la profesionalización y el reconocimiento del trabajo de quienes garantizan el acceso a la información para la comunidad sorda, promoviendo así un país más incluyente, equitativo y respetuoso de los derechos humanos.

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